Frente al proceso de transición mediante el cual se definirá la institucionalidad para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el Ecuador, la Asamblea de Mujeres de Quito siguiendo su línea de debatir y generar propuestas [1], manifiesta lo siguiente:
1. Interesadas en promover y aportar a la revolución institucional que buena falta le hace al país, propusimos al Directorio y a la Directora del CONAMU así como a la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, la necesidad de que se abra a las diversas organizaciones del movimiento de mujeres del país el debate sobre la nueva institucionalidad. La respuesta recibida fue la de coincidencia en esa necesidad aunque no en los tiempos propuestos, ya que se nos planteó hacerlo en un momento posterior al del interés colectivo. Nuestra iniciativa sustentada en el derecho a la participación ciudadana consagrado en la Constitución, buscaba democratizar la puesta en práctica de la Sexta Disposición Transitoria que manda adecuar la estructura y funciones del CONAMU para constituirse en uno de los Consejos Nacionales de Igualdad.
Señalamos además que desde tiempo atrás la AMQ se ha pronunciado en torno a la necesidad de que el CONAMU y sus instancias directivas rindan cuentas periódicas a su mandante, el Movimiento de Mujeres, y se haga una evaluación sobre los 10 años contados a partir de su creación, determinando cuáles han sido los logros y dificultades de cara al nuevo diseño institucional.
2. El procedimiento a través del cual se promulga el Decreto Ejecutivo 1733, del 25 de Mayo del 2009, que reemplaza el Consejo Nacional de las Mujeres CONAMU por la Comisión Transitoria que asumirá las atribuciones específicas para convertirlo en Consejo Nacional de Igualdad, resulta unilateral pues no hubo transparencia ante el Movimiento de Mujeres, drástico pues compromete innecesariamente la estabilidad laboral de su personal y las relaciones inter-institucionales con agentes externos, pero además revela niveles críticos de desacuerdo entre los propios actores estatales involucrados en el proceso de reinstitucionalización, por lo cual la AMQ eleva su voz de protesta y los llama a corregir actitudes durante la transición emprendida, guardando absoluta compatibilidad con las disposiciones constitucionales.
En vista de la necesidad y deber que la AMQ asume por cambiar la institucionalidad en un sentido democrático, pluralista, eficiente y sobre todo igualitario, ha debatido sobre la garantía que deberá ofrecer la nueva institucionalidad al amparo de la Constitución vigente en torno a la igualdad en la diversidad y a la participación ciudadana, y ha elaborado una propuesta que plantea al Estado y a las organizaciones de mujeres converger en un proceso en el que logremos construir Consejos de Igualdad dotados de jerarquía y poder suficientes dentro del Estado, que les permita una mirada integral de las desigualdades e inequidades sociales y de género, con capacidad para transversalizar la igualdad en todas las políticas públicas y, en adelante, avanzar de manera decidida en la superación de la injusticias generadas a partir de las diferencia sexual, etárea, regional, étnica y de toda índole.
La conformación paritaria de dichos Consejos constituye garantía para la definición de prioridades adecuadas a las necesidades de la población y para la toma de decisiones democráticas, por lo que es absolutamente indispensable que dicha paridad sea consultada y responda a criterios de participación y representatividad consensuados y no exclusivamente técnicos. El rol político y técnico que deberán cumplir las delegadas sociales a los Consejos de Igualdad hace necesario que provengan de las organizaciones de mujeres con probada trayectoria en la defensa de nuestros derechos y en la construcción de relaciones sociales equitativas.
Ratificándose en su espíritu democrático, la AMQ se compromete y hace un llamado al Movimiento de Mujeres a establecer un diálogo abierto y transparente que permita debatir sobre nuestras diferencias y construirnos unidas en la diversidad, así como a ejercer veeduría sobre el proceso de renovación institucional. Al mismo tiempo, exige al Estado infundir legitimidad al proceso de transición enmarcándolo en la constitucionalidad; establecer plazos precisos, aplicar mecanismos amplios y transparentes de consulta e información, generar resultados que fortalezcan la institucionalidad respectiva, respetando y garantizando tanto el derecho a la participación como el derecho a la igualdad a los que aspiramos la población diversa del Ecuador y, en particular, las mujeres que somos más del 50% de la misma.
Por la AMQ
Ana Abril, Zaida Betancourt, Liliana Duran, Leonor Fernández, Rosario Gómez, Solanda Goyes
Ana Gabriela Macas, Patricia Palacios, María Quintero, María del Pilar Troya, Silvia Vega
[1] La AMQ, ha presentado varias propuestas de reforma, entre las cuales se cuentan: Propuesta de reforma política (2005); propuesta de Constitución de la República (2007); realizó veeduría al proceso de participación convocado por el CONAM y al proceso de Selección de Corte Suprema de Justicia. Actualmente realiza veeduría con otras organizaciones al proceso de definición de ley de conformación del Consejo de Participación Ciudadana
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