Nuestra opinión frente al proceso de discusión de la Ley de Igualdad

Sobre la propuesta generada en el Ejecutivo (Ministerio de Justicia)

· Consideramos que la propuesta está siendo construida sin participación de los sectores de mujeres y hombres involucradas/os. Por ello resulta necesario exigir del Ministerio de Justicia, como entidad a cargo de la elaboración de la propuesta y en aplicación al derecho constitucional de la participación social, la apertura de canales participativos para el diseño y formulación de la futura ley. Esto implicará además que, durante y después del proceso de redacción, tendremos que pronunciarnos, inclusive si el Ejecutivo decida presentar formalmente su propuesta de manera pública y en el proceso de aprobación de la ley a nivel de la Asamblea Nacional y de la Presidencia de la República.

Sobre el contexto político en el que se plantea la Ley de Igualdad

· Por contactos realizados y eventos públicos en los que se ha escuchado la posición de distintos sectores sociales, aparece como complejo y difícil el logro de un consenso en torno al cuerpo legal, que entre otros aspectos debe normar el funcionamiento de los Consejos de Igualdad previstos en la Constitución. Esta situación hace más necesario el diálogo tanto entre sectores sociales como entre éstos y el gobierno, pero también determina el que las mujeres no podamos mantener una posición de espera pasiva frente a esta situación.

Sobre la iniciativa de convocarnos como movimiento para esta discusión

· Saludamos contentas el que algunas organizaciones hayamos tomado la iniciativa de convocarnos para discutir una propuesta en torno a la Ley de Igualdad, no sólo por la importancia que el tema reviste para nosotras, sino porque constituye una oportunidad para encontrar consensos que permitan articular una posición propia de algunos sectores del movimiento de mujeres, desde una postura política de autonomía y de decisión de superar la dispersión y el silencio frente a algunos acontecimientos políticos que nos conciernen.

Pensamos que esta iniciativa debe fortalecerse a partir de promover la inclusión en el debate del amplio espectro de mujeres diversas en todo el país.

Sobre la propuesta de discutir y proponer una ley específica de igualdad entre hombres y mujeres

· Consideramos que los dos puntos primeramente señalados marcan un contexto en el que se hace necesario que las mujeres avancemos en discutir y consensuar una propuesta propia, que no suponga solamente acotar puntos a un texto propuesto sin la debida y real consulta previa por el Gobierno, y si este proceso sirve además para lograr una mejor articulación y posicionamiento del movimiento de mujeres.

No obstante, pensamos que, por realismo político, tampoco podemos desestimar cualquier oportunidad que se presente de discutir un marco general, que con o sin nuestra aceptación, probablemente se aprobará, además de que esta discusión es saludable y necesaria para que nuestras propuestas sean escuchadas no sólo por las propias mujeres sino por todos los sectores sociales, y para que las mujeres podamos también comprender mejor los puntos de vista de los distintos grupos sociales involucrados en el tema.

De allí que consideramos que la propuesta que se discuta no debe ser pensada en oposición o como alternativa a una ley general de igualdad, sino que debe ser entendida como un momento de clarificación de las propuestas y de logro de consensos entre las mujeres, para plantearla de acuerdo al contexto político, como una ley específica o como un capítulo de la ley general, dependiendo de las condiciones que se presenten en el futuro inmediato y mediato.

Sobre el carácter de la propuesta

· Para la AMQ, una ley de igualdad, o una ley de igualdad entre mujeres y hombres, no puede centrarse sólo en la institucionalidad estatal; debe normar las relaciones sociales en todos los ámbitos, tanto en relación con el estado como en relación con el conjunto de la sociedad.

· Debe precisar aspectos claves que atañen a las formas de discriminación de género que se expresan en nuestra realidad, pero debe ser lo suficientemente general para permitir que se abarquen todas las situaciones, lo que se pone en riesgo cuando se formulan leyes demasiado minuciosas y detallistas, que por lo general dejan fuera circunstancias que se presentan en la realidad y no fueron previstas por los/as legisladores/as.

Sobre el cuestionamiento a la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género

· La AMQ es una de las organizaciones de mujeres que cuestionó frontalmente el decreto 1733 que eliminó el Conamu y ha sido (y seguirá siendo) crítica a la vez que propositiva frente a las acciones que ha venido cumpliendo la Comisión de Transición. No obstante, pensamos que el eje principal de nuestra convocatoria actual debe ser el tema de la Ley de Igualdad, que es suficientemente amplio y complejo como para añadirle otros temas que pueden desviar la atención principal.

¡Nos comprometeremos con entusiasmo en el proceso iniciado, aportando para que se lo realice desde una actitud de respeto democrático a las diferencias!

ASAMBLEA DE MUJERES DE QUITO

Veeduría del Juicio Político al Fiscal General

INFORME DE VEEDURÍA AL PROCESO DE ENJUICIAMIENTO POLÍTICO DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DR. WASHINGTON PESANTEZ

ORGANIZACIONES DE MUJERES VEEDORAS:

RED de MUJERES POLITICAS DEL ECUADOR - REMPE,

ASAMBLEA DE MUJERES DE QUITO – AMQ y

el Foro Nacional Permanente de las Mujeres Ecuatorianas

1. ¿Cuál fue el propósito de la veeduría y por qué surgió?

El objetivo de esta Veeduría, asumida por diversas organizaciones de mujeres, ha sido el de observar sobre la trasparencia del enjuiciamiento al Fiscal General, Dr. Washington Pesantez, informarse adecuadamente del proceso, revisar y analizar el proceder de todos los actores/as involucrados/as.

Las expresiones del Presidente de la República, antes de que se diera el examen de pruebas en la Comisión de Fiscalización, prejuzgando la inocencia del Fiscal, así como el pedido de renuncia de la inmunidad parlamentaria de los y las asambleístas que impulsaban el juicio político, pareció a los grupos de mujeres que eran incompatibles con un proceso imparcial para examinar pruebas y significaban una clara y muy grave intromisión del Ejecutivo en las funciones de otro poder del Estado, como la Asamblea Nacional.

Esta veeduría tenía cuanta más importancia si se considera que los anteriores casos de demandas de juicios políticos, en este ciclo legislativo, no habían prosperado y había quedado a nivel público la idea de que se limitaba su existencia, por procedimientos no siempre concordantes con las normas. Convenía por lo mismo, entre otros, observar si los procedimientos eran o no respetados.

Las mujeres queríamos asumir la responsabilidad pública de crear precedentes de veedurías que muestren la virtud de la participación ciudadana y de contribuir con nuestros criterios a crear una ética pública, cimentada en los principios y la legalidad. Era un deber, por lo mismo, realizar una veeduría que cumpla sus funciones de observar los hechos y de ver su relación con el debido proceso, propio de un enjuiciamiento político, así como su relación con la indispensable ética pública.

Es deber de todos cumplir con la Constitución y la Ley, y de los Asambleistas responder a su electorado en términos de fiscalizar a los servidores públicos y en este caso examinar las pruebas que se habían levantado en contra de un Fiscal General. Un examen imparcial se fundamenta en la libertad otorgada a las partes para presentar fundamentada y documentadamente argumentos y testimonios, en que los asambleístas miembros integrantes de la Comisión de Fiscalización cumplan el deber de asistir a las sesiones y de examinar las pruebas con responsabilidad; y, en que estas pruebas y argumentos sean sustantivos al objeto del proceso de examen seguido en la Comisión.

La veeduría integrada por mujeres de varias tendencias políticas representadas por la Red de Mujeres Políticas del Ecuador – REMPE, La Asamblea de Mujeres de Quito – AMQ y el Foro Nacional Permanente de las Mujeres Ecuatorianas, nos propusimos estar presentes permanentemente durante el desarrollo del proceso para objetivamente ser los ojos y los oídos de la ciudadanía y observar la transparencia de las acciones, el cumplimiento del debido proceso y la responsabilidad de los Asambleístas integrantes de la Comisión de Fiscalización para asistir a todas las sesiones convocadas para el conocimiento de las pruebas de cargo y descargo, y la comparecencia de testigos con el fin de que la resolución a la que lleguen tenga como fortaleza el conocimiento real de los hechos.

La veeduría se constituyó de hecho con la difusión de su primer Comunicado al País realizado el 24 de marzo 2010; fue “oficializada” por una carta de aceptación de la presidenta de la Comisión de Fiscalización el 31 de de Marzo 2010, y por una comunicación del Presidente de la Asamblea Nacional con fecha 1º de Abril del 2010.

2. Acciones de la Veeduría

Las veedoras, en primer lugar, tomaron conocimiento y analizaron las pruebas documentales entregadas por la Comisión de Fiscalización y Control Político y que a su vez fueran presentadas por la parte acusadora o actora y por el encausado durante el período de prueba que se abrió desde el 26 de marzo al 10 de abril del 2010; en segundo lugar, las veedoras asistimos a las comparecencias de las personas que presentaron pruebas testimoniales solicitadas por las partes. Las Veedoras escuchamos atentamente la exposición de motivos que hiciera Virgilio Hernández el martes 6 de abril, al inicio de la comparecencia de testigos que se desarrolló del 6 al 9 de abril ante la Comisión, asistimos igualmente el 8 y 9 de abril del 2010 a la presentación de las pruebas de cargo y descargo protagonizadas por los Asambleístas que encausaron el juicio político y el Fiscal General del Estado, respectivamente. El 15 de abril del 2010 se conocieron los informes presentados por la Asambleísta Betty Amores y el Asambleísta César Rodríguez.

Los comparecientes fueron: el Fiscal Patricio Sosa; Señora María Elena Chediak, testigo del accidente de transito; Señora María Elena Bedoya, Madre de Señora Emme; Señora Blanca del Hierro. Presidenta de la Asociación de Fiscalía; Doctor Hernán Ulloa Parada, presidente de la Primera Sala de lo Penal; Doctora Isabel Garrido Cisneros, secretaria Corte Nacional de Justicia; Abogado Juan José Puertas Ortega, docente de la UTPL; Señor Fernando Guillermo Garay Delgado, aspirante a la Fiscalía; Fiscal Daniela Camacho; Doctor Domingo Paredes Castillo, Secretario Ejecutivo del CONSEP, Señor Ángel Gabriel Salvador, veedor Social; Capitán de Policía William Fabián Calle Silva, del Servicio de Inteligencia; Doctor Antonio Gagliardo, Fiscal Distrital del Guayas; Señor Bratislav Zivadinovic, representante de Oceanuss; Doctora Lucy Blacio, Ex-Fiscal de El Oro; Abogada Gabriela Alexandra Molina, aspirante de la Fiscalía; Doctor Marco Freire, Fiscal de Pichincha, (solicitado por la parte actora); Licenciado Santiago Martínez Jácome, teniente de Policía, Doctor Gonzalo Realpe, ex-fiscal de Pichincha; Doctor Guillermo Moreno, funcionario de la Fiscalía.

Como prueba testimonial solicitada por la parte encausada, se presentaron, el Señor Manuel Eduardo Campos Chancusig, de la Seguridad del Fiscal; Señor Plutarco Kléber Benavides Celi, funcionario del CONSEP; Doctora Luz Paulina Garcés Cevallos, funcionaria de la Fiscalía; Doctora Sandra Cecilia Siguenza Llerena, funcionaria de la Fiscalía; Doctora Miriam Sánchez Carrasco, funcionaria de la Fiscalía; Señor Marcelo Andrés Icaza Díaz, funcionario de la Fiscalía; Señorita Ximena Alexandra Rodríguez Párraga, funcionaria de la Fiscalía; Doctor Bolívar Figueroa, agente fiscal; Doctor Alonso Rodríguez Ordóñez, fiscal de la Provincia de Loja; Doctor Lenin Stalin Salinas, Funcionario de la Fiscalía.

Como prueba testimonial solicitada por las 2 partes se presentó la Doctora Elsa Moreno. Funcionaria de la Fiscalía y la Doctora Dilza Muñoz, Fiscal.

Como prueba testimonial solicitada por la Presidenta de la Comisión de Fiscalización se presentaron el Asambleísta Tomas Cevallos, el capitán (Sp), Mario Acosta Rubio y el Doctor Víctor Granda, el primero para exponer acerca de la presencia de funcionarios de la Fiscalía en la Asamblea, durante esos días, con el propósito de contactar a Asambleistas y los dos últimos en relación con la actuación del Fiscal en el proceso de enjuiciamiento penal al Alto Mando Militar, por el fallecimiento de la Ex Ministra de Defensa Guadalupe Larriva y varios militares, el 24 de enero de 2007.

El jueves 8 de abril de 2010 tuvo lugar la exposición verbal de la solicitud de enjuiciamiento político de la parte actora, con la presentación de documentos que buscaban la relación lógica entre los hechos denunciados y las pruebas de cargo agregadas en el proceso. La exposición estuvo a cargo de los Asambleístas: María Paula Romo, Rosana Alvarado, Francisco Velasco y César Gracia.

El Dr. Washington Pesantez Muñoz, Fiscal General del Estado, realizó su exposición verbal en la que ejerció su derecho a la defensa y presentó las pruebas de descargo en relación a la solicitud de enjuiciamiento político presentada en su contra, el 9 de abril del 2010, durante dos horas.

El martes 13 de abril de 2010 se convocó a la reunión de la Comisión de Fiscalización para revisión de las pruebas de cargo y descargo, pero no se concretó tal revisión porque se nombró una subcomisión para que fuera la encargada de analizar las pruebas y preparar el informe motivado. En la tarde del mismo día, se reunió la subcomisión a puerta cerrada y las miembros de la Veeduría no pudieron acceder a sus deliberaciones.

El jueves 15 de abril en la sesión de la tarde, se presentaron dos informes a la Comisión de Fiscalización y Control Político, uno del Asambleísta César Rodríguez por el archivo del juicio y el otro, de la Asambleísta Betty Amores, por el envío del juicio al plenario. La veeduría no conoce si hubo sesiones de subcomisión o de grupo para elaborar estos informes, porque no fue notificada de ninguna reunión. Los informes fueron leídos pero no se discutieron. Esta veeduría puede afirmar que en la sesión de la tarde del jueves 15 de abril del 2010 no se dio una verdadera discusión sobre la valoración de pruebas. La lectura misma de los informes no fue atendida con interés, pudiéndose observar permanentes salidas del recinto donde se efectuaba la sesión por parte de algunos Asambleístas y frecuentes llamadas de teléfono que sin lugar a dudas distraían la atención del tema. La votación prácticamente siguió a la lectura.

3. Información proporcionada por las veedoras

La Veeduría, como era su deber, estuvo atenta a comunicar a la ciudadanía a través de a la prensa y a sus organizaciones el desarrollo del juicio político. Convocó a una rueda de prensa el 7 de abril del 2010 para explicar el sentido de la veeduría y el porqué las mujeres asumimos este reto. Se entregaron 4 boletines de prensa, (adjuntos) durante el desarrollo del proceso y además sus voceras:

La Veedora Silvia Vega estuvo en Radio Centro y en Radio Visión con el Asambleísta Virgilio Hernández, y en una entrevista con la revista Vistazo que se publicará a fines del mes de abril.

La Veedora Cecilia Torres fue invitada a dialogar sobre el tema en la Radio Colón y en la Radio Visión, en esta última conjuntamente con el Asambleísta César Rodríguez.

De igual forma, la Veedora Lilian Durán brindó una entrevista sobre el tema a reporteros del diario el Mercurio de Cuenca y al canal Uno de televisión.

Se realizaron tres reuniones conjuntas de la Veeduría ciudadana de la RED DE MUJERES POLITICAS DEL ECUADOR, ASAMBLEA DE MUJERES DE QUITO, FORO DE LA MUJER, y del Representante de la Veeduría de la Universidad de Cuenca. El objetivo: intercambio de observaciones al proceso, análisis del accionar de cada una de las partes involucradas, tanto de la parte actora como de la encausada, y de los y las Asambleístas que forman parte de la Comisión.

Es necesario resaltar que durante TODO EL PROCESO de aceptación de causas y descargo de éstas para el Juicio Político eventual al Fiscal General, la veeduría Ciudadana de las Organizaciones de mujeres, ha estado presente en cada una de las reuniones de la Comisión, con excepción de la Reunión de la Subcomisión, a la cual fue impedida de acceder; esto, a más de llamarnos la atención merece nuestro rechazo, es a la ciudadanía a la que se impidió ejercer el derecho de observar el trabajo de la Subcomisión. Cabe recalcar que sólo se reunieron una tarde para analizar las pruebas de cargo y descargo y los testimonios de más de 35 personas.

4. Conclusiones principales

Luego de la participación en el proceso de sustentación del juicio político al Fiscal General del Estado y de la actuación posterior de la Comisión de Fiscalización, hasta la fecha en que emitimos este informe, esta veeduría ciudadana puede y debe expresar las siguientes conclusiones:

1. Esta Veeduría ha concluido que se respetaron las pautas del debido proceso en el desarrollo del juicio político, los comparecientes tuvieron la libertad necesaria para expresar sus puntos de vista y las sesiones fueron públicas, salvo la reunión de la subcomisión.

2. La presentación de las pruebas documentales y testimoniales de cargo y descargo, se sustentaron en el tiempo previsto y con un activo ejercicio de preguntas a los y las comparecientes.

3. Por su parte el Fiscal General en uso de su derecho a la defensa, a criterio de esta veeduría ocupó gran parte de su tiempo para hacer un informe de labores de su gestión administrativa en la Fiscalía, y si bien se argumentaron algunas acusaciones, no desdijo lo fundamental de todas las acusaciones, e incurrió en la deslegitimación de la parte acusadora, incluyendo en mas de una ocasión acusaciones a los interpelantes.

4. Las pruebas documentales presentadas por el Fiscal, descargan su responsabilidad sobre algunas de las acusaciones presentadas, sin embargo, no logra desvirtuar varios hechos que se le imputan, aspectos que sintetizaremos más adelante. ( anexo 1)

5. Esta Veeduría pudo constatar que la votación por el juicio o contra el juicio al final de los días del examen de pruebas, no se fundamentó en la consideración de las mismas. Parecería que los señores y señoras Asambleístas, antes del conocimiento de las pruebas documentales y de la comparecencia de los testigos, ya sabían como iban a votar. El asambleísta Abdala Bucaram Pulley no participó en la presentación de las pruebas y comparecencias y sólo asistió a las de descargo del Fiscal, sin embargo en reiteradas ocasiones ante la prensa ya adelantó su criterio. Mientras en asambleísta Gastón Gagliardo, participó en parte del proceso de presentación de pruebas.

6. Durante la Lectura de los informes abandonaban la Sala con frecuencia sin dar mayor importancia no atendían la lectura de los mismos. El argumento para un voto de abstención fue que el Asambleísta no había sido parte de la redacción de ninguno de ellos; situación que más allá de la legitimidad de reclamar participación, es un argumento que esta Veeduría considera inconsistente.

7. Esta Veeduría conoció de presiones a los miembros de la Comisión para que cambien su opinión, aduciendo razones “partidistas”, práctica común a la llamada “partidocracia”.

8. Esta veeduría asistió a la votación de los dos informes presentados por los asambleístas Rodríguez y Amores, cuyo resultado fue de cinco votos a favor de que se archive el proceso y cinco a favor de que pase al conocimiento y resolución del Plenario de la Asamblea. Un voto del asambleísta Marco Murillo fue por la abstención. Frente al empate producido se presentaron argumentos legales sobre si podía o no darse un voto dirimente de la presidenta de la Comisión de Fiscalización y hubo aceptación general sobre la improcedencia de la dirimencia, por tratarse de una comisión de número impar de miembros, en razón de que el art. 26 de la ley orgánica de la Función Legislativa otorgaría esta facultad en casos de comisiones constituidas por un número par de miembros. La veeduría considera que aunque puede haber cierta oscuridad en la norma, por la no coincidencia plena entre la Ley y el reglamento, el artículo de la Ley que se ha esgrimido, no es pertinente a este caso porque no se trata de una comisión con un número de miembros par, y que por lo tanto es plenamente aplicable el artículo reglamentario que habla de que para lograr mayorías en los temas que las comisiones deben resolver, (sean de número de miembros pares o impares) se sumará a la votación empatada el voto de la presidencia.

9. Más allá de las inconsistencias legales que de hecho existen y que la Asamblea deberá subsanarlas, el asunto de fondo es, para esta Veeduría, si la Asamblea Nacional hace respetar su autonomía en la función de fiscalizar, frente a las ingerencias del Ejecutivo que son de dominio público en este caso, y si, por otra parte, los/as asambleístas consideran o no que existen temas violatorios de la Constitución, las leyes y la ética, en las acusaciones formuladas por los asambleístas acusadores contra el Fiscal General del Estado. El Fiscal, por su parte, en cumplimiento de su responsabilidad de rendir cuentas de su administración a la ciudadanía, no debería temer la realización de un juicio político, sino por el contrario aprovechar esta ocasión para ventilar ante la más amplia opinión ciudadana, los cargos de los que se le acusan. No se puede privar a un funcionario público de tan alto nivel no sólo repulsar el juicio sino de demostrar su probidad y su correcta actuación en una función pública, respondiendo con seriedad y documentadamente a los cargos de fondo que fueron hechos en su contra. El hecho de no recomendar su paso al Pleno no solo evidencia los vacíos legales, sino el vacío de juicio moral para dar paso a una verdadera labor de fiscalización.

10. La opinión de esta veeduría en torno a estos dos puntos de fondo es que la Asamblea tiene la obligación legal y de dignidad, de cumplir sus funciones fiscalizadoras, sin amedrentarse por la presión de ningún otro poder del estado. Dada la situación creada, le corresponde legalmente al Pleno resolver sobre este asunto. Respecto de lo segundo, la veeduría considera que en las pruebas de descargo, el señor Fiscal no ha desvanecido algunos temas de fondo que los detallamos en el anexo, y que por lo tanto amerita que el pleno de la Asamblea realice el juicio político respectivo. Los y las asambleístas deben definir si en las acusaciones existen temas violatorios a la Constitución, las Leyes y la ética por parte del Fiscal General del Estado, o que su desempeño no garantiza las funciones a su cargo. Pero también tienen la oportunidad de hacer respetar la autonomía de la Función Legislativa y su función de fiscalización, saliendo por los fueros de la dignidad y el respeto a la democracia.

11. Las declaraciones del señor Presidente de la República, exculpando al Fiscal General de todo cargo, y desvalorizando las pruebas y a los testigos, a los ojos de esta Veeduría, constituyó una clara interferencia en el debido proceso, y una grave inobservancia a la independencia de las Funciones, demuestra un franco desacato a los principios del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, establecidos en la Constitución de la República que actores políticos y sociales estamos obligados a respetar.

12. Esta veeduría recogiendo el clamor ciudadano que demanda esclarecer la verdad de los hechos que se imputan al Fiscal y no alimentar dudas y suspicacias sobre la idea de que se intenta frenar el juicio político por razones inconfesas, cree importante que sea el Pleno de la Asamblea Nacional, el que resuelva el tema, con una indispensable deliberación pública, fomentando la transparencia que contribuya a crear precedentes de ética pública en el quehacer democrático del país.

13. Mira con asombro que una comisión legislativa tenga el poder de impedir se examinen en el Pleno las pruebas y por si sola determine la culpabilidad o inocencia del encausado, por lo que consideramos conveniente modificar la reglamentación al respecto. De lo contrario, se corre el riesgo de que la función fiscalizadora de la Asamblea quede clausurada y entrampada en los vericuetos de los intereses particulares o partidistas.

14. Al tiempo de redactar este informe las veedoras se informaron de que fue tomado preso uno de los ciudadanos que testificaron en el examen de pruebas que se llevó a cabo en la Comisión. Este hecho independientemente de que se inicie o no una acusación formal, constituye un amedrentamiento a testigos que socava el derecho de la ciudadanía para formular denuncias, señalar infracciones o abusos contra lo que considera una gestión incorrecta o corrupta de un funcionario público. El respeto y tolerancia es fundamental para la democracia que queremos construir.

Quito, 26 de abril del 2010

RED DE MUJERES POLITICA DEL ECUADOR

Cecilia Torres O. Francisca Morejón C. Alodia Borja N.

Ruth Gallegos

ASAMBLEA DE MUJERES DE QUITO

Silvia Vega Ugalde

FORO NACIONAL PERMANENTE DE LAS MUJERES ECUATORIANAS

Liliana Durán Aguilar

Demanda de inconstitucionalidad del Decreto 1780

Resumimos aquí el informe presentado por el Colectivo, del que formamos parte como AMQ, a cargo de la demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 1780 (que otorga prebendas a congregaciones religiosas y además les delega responsabilidades propias del Estado ,atentando de manera flagrante contra el laicismo consagrado en la Constitución 2008) :

"Respecto a la demanda de inconstitucionalidad del Decreto 1780 que presentamos en diciembre del año pasado, como no existía Reglamento de Sustanciación de los Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, por cuanto la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional derogó las reglas con las cuales se sustanciaban estos procesos, en estos meses nuestra acción se quedó represada en la Sala de Admisión de la Corte para su correspondiente estudio. Finalmente, el Reglamento de Sustanciación de los Procesos de Competencia de la Corte Constitucional fue publicado en el Registro Oficial No. 127 (suplemento) del miércoles 10 de febrero del 2010. Esperamos que en las próximas sesiones de la Sala de Admisión entre en el sorteo interno para establecer la jueza o juez ponente del auto de admisibilidad.

Sin embargo, hasta tanto y para avanzar en el trámite, conforme lo establece el Art. 56 del Reglamento y en razón de que nuestra demanda es colectiva, designaremos de entre nosotras/os un PROCURADOR O PROCURADORA COMÚN, es decir: UNA PERSONA que nos represente dentro del trámite. Este es un aspecto de forma que en nada obsta para cada una/o de nosotras/os a nombre de nuestras respectivas organizaciones, y como accionantes, realicemos las acciones de difusión, incidencia, etc. respecto de las pretensiones contenidas en nuestra demanda. (Sin perjuicio de las acciones coordinadas que realizamos dentro del trámite y que deberemos definir conforme avanza el proceso)."

El proceso está en marcha y seguimos con la iniciativa.

Memoria reunión AFC con Comisión de Transición

Memoria de la Reunión mantenida con la Comisión de Transición sobre
AVANCES E INQUIETUDES EN TORNO AL DISENO DE LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD DE LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

Fecha: 29 de Octubre 2009
Lugar: Hotel Radisson
Hora: 9h00 / 12h00

Asistieron:
- Integrantes de la Comisión de Transición: Ana Lucia Herrera (Presidenta), María del Pilar Troya (Rep. Secretario General de la Administración), Liliana Durán (Foro de la Mujer), Cecilia Jaramillo (CONFEMEC), Luzmila Alvarez (CPME), Patricia Salazar (Rep. del Ministerio de Justicia, Subsecretaria de Derechos Humanos)
- Funcionarias de la Comisión de Transición: Lorena Herrera, Soledad Puente
- Consultora del Ministerio de Justicia: Ariadna Reyes,
- Representantes de Acción Ciudadana Feminista: Patricia Palacios, Ana Abril, Tatiana Cordero, Marisol Garcés, Leonor Fernández

Antecedentes:
La reunión tuvo como antecedente la solicitud planteada por la AMQ y AFC de establecer o identificar las sugerencias hechas por las organizaciones de mujeres y conocer si han sido asumidas por la Comisión de Transición en torno al diseño de la nueva institucionalidad llamada Consejo Nacional de las Mujeres y de la Igualdad de género, especialmente contrastándola con nuestra propuesta que ha sido discutida y pulida en varios talleres con diversas organizaciones de mujeres y de otros sectores interesados en el tema.
La respuesta afirmativa por parte de la CT estableció que representando a la AFC iría una comisión de 3 personas pero que luego ampliamos a 5 con integrantes del Taller Mujer y Comunicación, Mujeres por la Democracia y de las organizaciones afro que han venido participando en los talleres . Se estableció además la modalidad de comentar y expresar inquietudes sobre los documentos que sobre la nueva institucionalidad están colgados en la web.

Aspectos Abordados:
La compañera Patricia Palacios de la AMQ y a nombre de la AFC transmitió las inquietudes del colectivo, las cuales se resume en lo siguiente:

1. En toda la propuesta se privilegia el carácter técnico del CNI y no se da igual tratamiento al político, que es el que más nos interesa pues justifica su existencia. Inclusive se observa que la estructura técnica asume funciones políticas y tiende a suplantarnos.
2. La transversalizacion horizontal con los otros poderes del estado y la vertical en el territorio, tampoco se plantea con precisión
3. El nivel que tendrá o dónde se ubicarán los consejos, pues nos interesa que no sea por debajo de ningún ministerio sectorial sino de allí para arriba- Presentamos organigramas que comparaban la ubicación propuesta por nosotras y la que creíamos de ellas.
4. No sabemos con claridad los criterios para elegir representantes del movimiento de mujeres, pues lo que dice la Ley de Participación Ciudadana es muy institucionalizado
5. La Estructura de la Secretaría técnica interesa para ver como se dará abasto para trabajar con los 24 ministerios sectoriales pues dice que tendrá “coordinaciones por temas y procesos”. En este caso creemos que el gobierno tenderá a homogenizar la estructura y funciones de los Consejos y en ese sentido, tendrían las de ganar aquellos que ya han logrado imponer su estructura como el CNNA.
6. Interesa que se conforme un consejo coordinador de la igualdad, con carácter político y formado por los representantes de la sociedad civil de cada consejo sectorial que interlocute directa, permanente y frecuentemente con los representantes de los 5 poderes del estado como única garantía de incidencia política y transversalización.

Argumentamos que:
• las desigualdades de género están por todo lado y en todos los temas, por lo que es necesario tener capacidad de transversalizar y
• que el principio de igualdad y el de participación ciudadana atraviesa la función pública por lo que debemos acogernos a ellos o, mejor dicho, promover y defenderlos a ultranza, como única garantía de ejercicio de derechos.
• El rol del consejo y la secretaría técnica es justamente hacer cumplir al estado los derechos de las mujeres.

Pensamos finalmente que si no se puede conseguir mucho, al menos que ellas eleven nuestras propuestas de Consejo de Coordinación de Igualdad, a quienes están discutiendo la reforma del estado y que se garantice al menos que en la SENPLADES haya una coordinación técnica de género.

Comentamos:
• lo importante de mantener nuestra participación con autonomía;
• la necesidad de que el directorio actual y si fuera posible el anterior hagan una rendición de cuentas al movimiento de mujeres y,
• por último, expresaremos nuestras preocupaciones sobre los contenidos de la Ley de PPCCS.
Seguidamente la Presidenta de la Comisión de Transición, Ana Lucía Herrera, conjuntamente con la Asesora Ariadna Reyes, a la vez que hubo una interlocución con las representantes de Acción Feminista Ciudadana, realizaron una exposición en torno a la marcha del diseño de la nueva institucionalidad CNI, lo cual se resume en lo siguiente:

La complejidad de la representación estatal en el directorio del CNI:
La propuesta que ha recibido mayor aceptación desde el Ejecutivo, constituye aquella en la cual se integran representantes del Ejecutivo. El esquema en el cual se integran las otras funciones del Estado es el de coordinación con éstas. Esta como una primera fórmula pero la Comisión de Transición –CT- ha diseñado un segunda, tesis en la cual se incluye a todas las funciones del Estado. Para la CT esto no asegura que a las reuniones o en la toma de decisiones vayan sus primeras autoridades, sino que por lo general van delegaciones lo cual no asegura una convocatoria en un alto nivel y por ende las decisiones se vuelven débiles.
El diálogo entre los futuros CNI.
El proceso de diálogo entre los futuros 5 Consejos es demasiado complejo, hay demasiadas discusiones que impiden crear una instancia de coordinación para todos. Además, hay un diálogo complejo incluso con las mujeres (parte del MME) y también con otros actores estatales.
Transversalización.
No existe suficiente capacidad institucional para transversalizar el enfoque de género, pero actualmente la CT está diseñando varios planes o alternativas para ensayar cuál de ellas permitirá mirar la funcionalidad en lo territorial. La transversalización está mirada desde la ejecución del Plan Plurinacional del Buen Vivir (antes conocido como Plan Nacional de Desarrollo) y del Plan de Igualdad de Oportunidades, que al ser políticas de Estado deberán ser cumplida sus metas, indicadores y resultados, desde un proceso que cumplirá los objetivos (triple RRR):
• Reconocimiento de las Mujeres
• Redistribución de la Riqueza
• Representación
El Sistema Nacional Descentralizado de Participación será el que permitirá viabilizar la transversalización a nivel institucional.
Ubicación de los CNI.
• La ubicación que tendrían los CNI serían por encima de los Ministerios Coordinadores y por debajo de SENPLADES, Secretaría de la Administración Pública y Consejo de Planificación.
• CNI a nivel territorial
• Las demandas de la sociedad civil en todos los Consejos se viabilizarán en los distintos niveles de gobierno a través de Comités Consultivos, sin voto o capacidad de decidir.
Ley de Participación y Ley de Igualdad
• Se ha propuesto sacar del proyecto de la Ley de Participación la normativa que regula los CNI.
• La Ley de Igualdad estará a cargo del Ministerio de Justicia.
Temas que requieren profundización y no resueltos.
• Representatividad: Criterios para la incorporación de las mujeres para el directorio Se dijo que hay acuerdo entre las mujeres sobre estos criterios: diversidad sexual, origen territorial por regiones y/o urbano-rural, de pueblos y nacionalidades y edad, pero además que cumpla con un perfil en el que es crucial la representación
• Presupuesto para el futuro CNI
• Mecanismos para hacer vinculante (obligatoria) y exigible el cumplimiento de políticas a favor de las mujeres e igualdad de género.
Solicitud de la CT a AFC
• La necesidad de contar con opiniones para los criterios en base a los cuales se elegirán a las representantes del Movimiento de Mujeres al directorio del CNI.
• La necesidad de contar con insumos para la futura Ley de la Igualdad.

Ataques a la Institucionalidad para la Igualdad de Género en Costa Rica

Quito, 3 de agosto del 2009



Compañeras

INAMU

Costa Rica



Conocedora del intento de reducción presupuestaria al Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica -INAMU, cuestión que está siendo debatida al interior de la Asamblea Legislativa costarricense, la Asamblea de Mujeres de Quito -AMQ-, se solidariza con ustedes que han luchado por ofrecer a sus congéneres atención a sus necesidades y garantía a sus derechos. Debido a ello, eleva su voz de protesta ante las diversas instancias locales e internacionales concernidas, llamándoles a reconocer que mas allá de la afectación diferencial que soportamos las mujeres en épocas de crisis, somos justamente nosotras quienes con nuestro trabajo doméstico y de cuidado gratuito, aportamos de manera contundente y significativa a la reproducción de la fuerza laboral y a mantener vivos los sistemas socio-económicos más importantes. En este sentido, hay derecho a multiplicar los presupuestos que atienden nuestras necesidades, pero no hay derecho a reducirlos!!.

Por la AMQ,



Ana Abril, Zaida Betancourt, Liliana Durán, Leonor Fernández, Rosario Gómez, Solanda Goyes, Patricia Palacios, María Quintero, Silvia Vega.

La AMQ frente a la elección de dignidades en la Asamblea Nacional

Quito, 29 de julio del 2009


Arq. Fernando Cordero
Presidente
Comisión Legislativa y
Asambleístas electos/as a la nueva Asamblea Nacional
Quito


De nuestras consideraciones,

Con ocasión de la definición de dignidades para la nueva Asamblea Nacional, la Asamblea de Mujeres de Quito, expresa la imperiosa necesidad de crear precedentes en cuanto al respeto y aplicación de los preceptos constitucionales relacionados con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como con la paridad en los cargos de nominación y designación de la función pública, tal como lo establece el artículo 65 de la Carta Magna.

Como ya es consenso social, la paridad que reivindicamos rebasa la simple igualdad numérica de mujeres y hombres en candidaturas, puestos de elección y designación en el sector público, con la respectiva alternancia y secuencia, sino que implica la obligación de garantizarles igualdad de trato a todo nivel y la posibilidad de ocupar puestos jerárquicos en igualdad de condiciones.

En consecuencia, consideramos que es nuestro derecho como mujeres-ciudadanas, el exigir que la próxima Asamblea Nacional se conforme mínimamente de la siguiente manera: Si el Presidente es hombre, las dos Vicepresidencias deben ser ocupadas por mujeres, o, si la Presidenta es mujer, las dos vicepresidencias corresponderán a dos hombres; las cuatro vocalías del Consejo de Administración Legislativa, deberán integrarse con dos mujeres y dos hombres. En el caso de las doce Comisiones, la paridad tendrá lugar con la elección mínima de seis mujeres como presidentas y seis mujeres como vicepresidentas.

Como mujeres interesadas en procurar un futuro igualitario a nivel político y social para nuestra Matria, confiamos en que la Revolución Ciudadana se exprese, sobre todo, en la construcción y fortalecimiento de relaciones equitativas entre mujeres y varones, lo cual es parte de la deuda histórica y social que se mantiene con quienes hemos vivido en desventaja. Por su parte, el no cuidar la paridad en la conformación de las nuevas dignidades de la Asamblea Nacional será considerado inconstitucional y provocará el repudio de la mitad de la población ecuatoriana y de más de la mitad del electorado que, con su voto, los llevó a ese sitial.

Las mujeres ecuatorianas y, específicamente, la Asamblea de Mujeres de Quito –AMQ, nos mantendremos vigilantes del proceso y de los resultados de conformación de las dignidades de la nueva Asamblea Nacional.

Por la AMQ,

Ana Abril, Zaida Betancourt, Liliana Durán, Leonor Fernández, Rosario Gómez, Solanda Goyes, Patricia Palacios, María Quintero, Silvia Vega.

La AMQ frente al Decreto No. 1733 que deroga el Decreto No. 3535 de creación del CONAMU y constituye una Comisión de Transición

Frente al proceso de transición mediante el cual se definirá la institucionalidad para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el Ecuador, la Asamblea de Mujeres de Quito siguiendo su línea de debatir y generar propuestas [1], manifiesta lo siguiente:

1. Interesadas en promover y aportar a la revolución institucional que buena falta le hace al país, propusimos al Directorio y a la Directora del CONAMU así como a la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, la necesidad de que se abra a las diversas organizaciones del movimiento de mujeres del país el debate sobre la nueva institucionalidad. La respuesta recibida fue la de coincidencia en esa necesidad aunque no en los tiempos propuestos, ya que se nos planteó hacerlo en un momento posterior al del interés colectivo. Nuestra iniciativa sustentada en el derecho a la participación ciudadana consagrado en la Constitución, buscaba democratizar la puesta en práctica de la Sexta Disposición Transitoria que manda adecuar la estructura y funciones del CONAMU para constituirse en uno de los Consejos Nacionales de Igualdad.

Señalamos además que desde tiempo atrás la AMQ se ha pronunciado en torno a la necesidad de que el CONAMU y sus instancias directivas rindan cuentas periódicas a su mandante, el Movimiento de Mujeres, y se haga una evaluación sobre los 10 años contados a partir de su creación, determinando cuáles han sido los logros y dificultades de cara al nuevo diseño institucional.

2. El procedimiento a través del cual se promulga el Decreto Ejecutivo 1733, del 25 de Mayo del 2009, que reemplaza el Consejo Nacional de las Mujeres CONAMU por la Comisión Transitoria que asumirá las atribuciones específicas para convertirlo en Consejo Nacional de Igualdad, resulta unilateral pues no hubo transparencia ante el Movimiento de Mujeres, drástico pues compromete innecesariamente la estabilidad laboral de su personal y las relaciones inter-institucionales con agentes externos, pero además revela niveles críticos de desacuerdo entre los propios actores estatales involucrados en el proceso de reinstitucionalización, por lo cual la AMQ eleva su voz de protesta y los llama a corregir actitudes durante la transición emprendida, guardando absoluta compatibilidad con las disposiciones constitucionales.

En vista de la necesidad y deber que la AMQ asume por cambiar la institucionalidad en un sentido democrático, pluralista, eficiente y sobre todo igualitario, ha debatido sobre la garantía que deberá ofrecer la nueva institucionalidad al amparo de la Constitución vigente en torno a la igualdad en la diversidad y a la participación ciudadana, y ha elaborado una propuesta que plantea al Estado y a las organizaciones de mujeres converger en un proceso en el que logremos construir Consejos de Igualdad dotados de jerarquía y poder suficientes dentro del Estado, que les permita una mirada integral de las desigualdades e inequidades sociales y de género, con capacidad para transversalizar la igualdad en todas las políticas públicas y, en adelante, avanzar de manera decidida en la superación de la injusticias generadas a partir de las diferencia sexual, etárea, regional, étnica y de toda índole.

La conformación paritaria de dichos Consejos constituye garantía para la definición de prioridades adecuadas a las necesidades de la población y para la toma de decisiones democráticas, por lo que es absolutamente indispensable que dicha paridad sea consultada y responda a criterios de participación y representatividad consensuados y no exclusivamente técnicos. El rol político y técnico que deberán cumplir las delegadas sociales a los Consejos de Igualdad hace necesario que provengan de las organizaciones de mujeres con probada trayectoria en la defensa de nuestros derechos y en la construcción de relaciones sociales equitativas.

Ratificándose en su espíritu democrático, la AMQ se compromete y hace un llamado al Movimiento de Mujeres a establecer un diálogo abierto y transparente que permita debatir sobre nuestras diferencias y construirnos unidas en la diversidad, así como a ejercer veeduría sobre el proceso de renovación institucional. Al mismo tiempo, exige al Estado infundir legitimidad al proceso de transición enmarcándolo en la constitucionalidad; establecer plazos precisos, aplicar mecanismos amplios y transparentes de consulta e información, generar resultados que fortalezcan la institucionalidad respectiva, respetando y garantizando tanto el derecho a la participación como el derecho a la igualdad a los que aspiramos la población diversa del Ecuador y, en particular, las mujeres que somos más del 50% de la misma.

Por la AMQ

Ana Abril, Zaida Betancourt, Liliana Duran, Leonor Fernández, Rosario Gómez, Solanda Goyes

Ana Gabriela Macas, Patricia Palacios, María Quintero, María del Pilar Troya, Silvia Vega

[1] La AMQ, ha presentado varias propuestas de reforma, entre las cuales se cuentan: Propuesta de reforma política (2005); propuesta de Constitución de la República (2007); realizó veeduría al proceso de participación convocado por el CONAM y al proceso de Selección de Corte Suprema de Justicia. Actualmente realiza veeduría con otras organizaciones al proceso de definición de ley de conformación del Consejo de Participación Ciudadana

El CONAMU y el nuevo Consejo de Igualdad

Breves apuntes para una reflexión

Ha transcurrido ya una década desde la constitución del Consejo Nacional de las Mujeres, instancia creada por las mujeres organizadas en la perspectiva de fortalecer, potenciar y continuar con la tarea de posicionamiento de los derechos de las mujeres y la igualdad de género a nivel público y político.

El funcionamiento del CONAMU no ha sido aún cabalmente evaluado, ni por las mujeres y sus organizaciones ni por el Estado. El desafío de detenernos a mirar en forma objetiva los hechos y las cifras sobre los avances y limitaciones en el diseño e implementación de las políticas públicas y el ejercicio real de derechos de las mujeres sigue vigente.

Se puede señalar que esta instancia estatal conformada con la participación social de las mujeres (a través de la presencia de tres organizaciones nacionales en su directorio) nos ha colocado a las organizaciones de mujeres en frecuente controversia y conflicto de intereses y de posiciones en torno al rol del Estado en general, al rol del CONAMU en particular y al rol del movimiento de mujeres en el proceso de desarrollo de políticas públicas a favor de las mujeres y de la igualdad de género. Reconocemos sin embargo, el rol que ha cumplido, dadas las dificultades que hemos tenido y que tenemos como movimiento de dialogar entre nosotras y de establecer niveles mínimos de coordinación que no estén mediados por el CONAMU.

El escenario de organizaciones de mujeres y feministas presentes actualmente en el país difiere del que teníamos hace 10 años. Como es lógico han surgido nuevas organizaciones, algunas de las que existían se han debilitado, otras se han fortalecido, pero sobre todo, el movimiento se ha diversificado.

Por todo ello, creemos que cabe preguntarnos varias cosas. Primero, si el CONAMU ha mantenido y mantiene relaciones de autonomía y de dialogo con la diversidad de expresiones de movimientos de mujeres. Segundo, repensar temas como la representación y la representatividad del movimiento de mujeres en la estructura actual del CONAMU. Sobre todo para el desarrollo de propuestas que nos permitan construir la nueva estructura de funcionamiento del nuevo Consejo de Igualdad (¿de Mujeres? o ¿de Género? y ese es otro punto de debate fundamental) y la forma de integración de sus miembros de acuerdo a principios de alternabilidad, participación democrática, inclusión, representación regional y pluralismo como lo contempla la Constitución vigente. De ahí la pertinencia de evaluar al quehacer del CONAMU. No se puede vislumbrar el futuro sin analizar el pasado y el presente!

Durante estos años de funcionamiento el CONAMU se ha mantenido en general bastante fuera del quehacer partidista. Sin embargo ahora esta autonomía institucional está en riesgo por la injerencia de grupos de poder del gobierno actual que al parecer estarían buscando un uso político partidista de la institución.

Está en riesgo también la capacidad de lograr una mediana objetividad, necesaria para analizar el funcionamiento institucional y organizacional y medir los avances y limitaciones en el diseño e implementación y evaluación de políticas públicas y en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Se escuchan posiciones un tanto dogmáticas entre la mayoría de las organizaciones que hoy ocupan cargos de representación en el Directorio del CONAMU, al señalar que antes del actual gobierno el CONAMU respondía a políticas neoliberales y que actualmente responde a políticas populares y revolucionarias para las mujeres.

Amerita entonces valorar también ¿cuáles de las políticas y estrategias desarrolladas anteriormente por el CONAMU respondieron a políticas neoliberales y cómo actualmente la institución ha logrado o pretende lograr, a través de la nueva instancia por crearse, la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género bajo los principios de políticas populares y revolucionarias? Sorprende la ausencia de propuestas al respecto.

El reto mayor entonces se resumen en evaluar el camino recorrido para enfrentar objetivamente los nuevos desafíos constitucionales que nos permitan contar con una instancia estatal fortalecida para avanzar en el ejercicio de nuestros derechos y con una ciudadanía activa y propositiva para la vigilancia del funcionamiento de esta nueva estructura.

Proponemos que esa evaluación y la discusión sobre la conformación del nuevo Consejo incorporen la mayor diversidad posible de voces del movimiento de feminista y de mujeres. Que el debate se haga de forma pluralista, abierta y democrática, no partidista ni excluyente. Aquí, como Asamblea de Mujeres de Quito, abrimos apenas un pequeño espacio, que esperamos pueda ser enriquecido con los aportes de todas.

Avances en derechos humanos de las mujeres en la nueva Constitución del Ecuador

Solanda Goyes Quelal
La Constitución de la república expedida en el 2008 propone un nuevo modelo de estado dando una máxima prioridad a la igualdad como un elemento sustantivo para el logro de una democracia de resultados.
La igualdad se establece como un norte hacia el cual hay que caminar, superando las profundas brechas que han negado el ejercicio de derechos a los grupos étnicos ancestrales en relación a los mestizos; a las personas que tienen algún tipo de discapacidad en relación a aquellos que no las tienen; a los pobres en relación a quienes han acumulado riqueza económica; a los niños, niñas, adolescentes y las/os jóvenes en relación a los adultos, y, a las mujeres en relación a los varones. Este último caso, recibe un trato especial de la Constitución, pues de forma transversal aparecen instituciones, determinaciones, normas creadas para promover la eliminación de la desigualdad entre hombres y mujeres.
Esta concepción de la Constitución supone un cambio no solo normativo sino de patrones culturales en la sociedad entera, pues busca eliminar las visiones adultocéntrica, androcéntrica y etnocéntrica dominantes que han excluido a todos aquellos/as que no se ajustan a su modelo. No obstante, si bien la expedición de la Constitución constituye una conquista , el momento de su expedición, nos vuelve a ubicar en la partida, pues para lograr democratización deseada, se requiere de grandes esfuerzos todavía por empezar.
Respecto de la igualdad entre hombres y mujeres, la Constitución nos dice:
1. Estado Laico.- Se reconoce al Estado como laico por primera vez en la historia, determinando además que uno de sus deberes primordiales es garantizar la ética laica como sustento del quehacer público. Con ello se constitucionaliza la separación de las iglesias del Estado, teniendo implicaciones directas en la educación, en la que se fomenta hasta la fecha una formación basada en prejuicios que dificulta el ejercicio de derechos de las niñas y adolescentes. Se determina que la educación es laica en todos sus niveles. (Art. 1; 3.4; 28).
2. Principios y derechos de igualdad y no discriminación.- Los principios de igualdad y no discriminación experimentan uno de los avances más significativos: se establece el derecho a la no discriminación bajo amplias dimensiones de prohibición de la discriminación y se determina que la ley establecerá sanciones. Art. 11.2.- “nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, por portar vih, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos”.
Se consagra el derecho a la igualdad formal y a la igualdad material y se establecen medidas de acción afirmativa como mecanismos que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentran en situación de desigualdad. Las medidas de acción afirmativa se encuentran positivadas a lo largo de la Constitución, a favor de niños, niñas y adolescentes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, mujeres, personas privadas de la libertad, para el ejercicio del derecho al trabajo sin discriminación de ciudadanos que pertenezcan a comunidades, pueblos y nacionalidades, o para garantizar el derecho al trabajo con accesibilidad e igualdad a las personas con discapacidad, entre otro sin fin de situaciones. (Art. 11.2, 66.4; 203.4; 329; 330).
3. Prohibición de comunicación y publicidad violenta.- En la comunicación y medios de difusión, se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.
4. Educación para la igualdad.- Se determina a la educación como mecanismo y garantía de la igualdad e inclusión social. Deberá centrarse en el ser humano y garantizar su desarrollo holístico con respeto a los derechos humanos, al medio ambiente y a la democracia, será participativa, incluyente, diversa, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz. Determina que será laica en todos sus niveles. En materia educativa son deberes del Estado, asegurar que las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, con enfoque de derechos; erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes. (Arts. 26; 28; 347.4; 347. 6).
5. Salud en igualdad.- En salud, se determina que ésta será gratuita y se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. Otorga la garantía de contar con atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. El sistema nacional de salud encargado del desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y potencialidad para una vida saludable e integral, deberá considerar el enfoque de género. El Estado será responsable de asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto. (Arts. 32; 358; 362; 363.6).
6. Atención prioritaria a niñas y mujeres.- Se incluyen dentro de los grupos de atención prioritaria a las niñas, mujeres embarazadas, víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil. Exige que el Estado preste especial atención a personas en condición de doble vulnerabilidad. Art. 35.
7. Derechos de las mujeres adultas mayores.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, se les brindará protección contra la violencia. Las políticas públicas y programas de atención a las personas adultas mayores que el Estado está obligado a implementar tendrán en cuenta las inequidades de género y buscará superarlas para lo cual brindará protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones. (Arts. 36; 38).
8. Atención prioritaria a desplazadas.- En los casos de desplazamiento arbitrario, las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos menores, personas adultas mayores y personas con discapacidad recibirán asistencia humanitaria preferente y especializada. (Art. 42).
9. Derechos de las embarazadas.- Las mujeres embarazadas y en período de lactancia son grupos de atención prioritaria, pues, se establece que el Estado les garantizará el derecho a no ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral; la gratuidad de los servicios de salud materna; la protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto, y a disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia. Tendrán un tratamiento preferente y especializado cuando se encuentren privadas de su libertad. Las embarazadas están protegidas en el ámbito laboral (mayor detalle más adelante). (Arts. 43 y 51.6).
10. Derecho a la vida.- Garantiza el derecho a la vida, determina que no hay pena de muerte. Garantiza cuidado y protección al concebido cuando expresa: “El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción”. (Art. 45; 66.1; 363.6).
11. Derechos de las niñas y adolescentes.- A las niñas, niños y adolescentes se les otorga el derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social. El Estado está obligado a adoptar medidas para asegurar protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones a favor de niños, niñas y adolescentes. Se les protege además frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de cualquier medio que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. (Art. 46.4 y 46.7).
12. Derechos de las mujeres y derechos colectivos.- Para el ejercicio del derecho a crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y las comunas, se determina taxativamente que éste NO podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes y que el Estado garantizará la aplicación de los derechos colectivos sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres, es decir, no se puede invocar a la cultura como fundamento para violar los derechos humanos. (57.10 e inciso final).

13. Derecho a la participación política y en la vida pública.- En los derechos de participación se determina que los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos el derecho a desempeñar empleos y funciones públicas con base a méritos y capacidades, bajo sistemas de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional. En tal sentido se determina que el Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En los procesos electorales pluripersonales, determina que la ley establecerá un sistema electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres; y determinará las circunscripciones electorales dentro y fuera del país. Se señala además, por primera vez en la vida, que es inhabilidad para ser candidato o candidata por elección popular, el adeudar pensiones alimenticias e indica que en la ley deberán establecerse sanciones apara quienes incumplan esas disposiciones (Art. 61; 113.3; 116; 117).
Se señala que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estarán sujetas a un sistema de ascensos y promociones con base en méritos y con criterios de equidad de género. (Art. 160).
Los/as funcionarios de todo el sistema judicial accederán a través de concurso de oposición y méritos, impugnación y control social en los que debe propenderse a la paridad entre hombres y mujeres. Estas reglas deberán observarse además para la conformación del Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional (Arts. 176; 179; 183; 434).
Se garantiza condiciones de equidad y paridad entre mujeres y hombres, para conformar las comisiones de selección de las distintas autoridades del Estado, las mismas que son elegidas por concurso público por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Igual garantía existe para la conformación del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. (Art. 210; 217).
14. Derecho a una vida libre de violencia.- Se consagra el derecho de las personas a la integridad personal, que incluye, el derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual; una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, para lo cual el Estado está obligado a adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. Se prohíbe la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. (Art. 66.3).
15. Derechos sexuales y reproductivos.- Se garantiza el derecho de las personas a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. Se dice que el Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras. También se garantiza el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas o hijos tener. El derecho a guardar reserva y a que no se usen sin autorización los datos referentes a la salud y vida sexual de una persona. (Art. 66.9 ; 66.10; 66.11).
16. La familia.- Reconoce los diversos tipos de familia: ampliada, transnacional, unipersonal, con jefa de hogar, del mismo sexo. La protege como núcleo fundamental de la sociedad. Invierte los conceptos en relación a la Constitución de 1998, en la cual el matrimonio se definía como la unión entre dos personas (facultando el matrimonio entre personas del mismo sexo) y la unión de hecho la determinaba exclusivamente entre un hombre y una mujer. La Constitución actual, invierte ese sentido y define al matrimonio como la unión entre hombre y mujer, y la unión de hecho como la unión entre dos personas, dando lugar a uniones del mismo sexo. Se determina, tanto para el matrimonio como para la unión de hecho, el principio de igualdad, derechos, obligaciones y capacidad legal de los contrayentes o unidos; y la igualdad de derechos en la toma de decisiones para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. La adopción se faculta solo a parejas de distinto sexo. (Art. 67, 68, 324).
Promueve la maternidad y paternidad responsables, obliga a la corresponsabilidad de padre y madre en el cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. El Estado deberá vigilar el cumplimiento de los deberes de los progenitores. Protege a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de familia. Prestará especial atención a las familias disgregadas por cualquier causa. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos. (Art. 69).
La remuneración de los trabajadores es embargable, sólo en el caso de que se lo haga para el pago de pensiones alimenticias. (Art. 328).
17. Políticas públicas con enfoque de género.- Establece que el Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley (Conamu, Ministerio de la Mujer, etc), e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público. Por otro lado la Constitución constitucionaliza los Consejos nacionales para la igualdad, señalando que éstos son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Estos tendrán atribuciones para la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas, entre otras, con la temática de género (Art. 70; 156).
18. Justicia de género y derechos de las víctimas.- En los procesos penales se determina que nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los parientes de éstas, con independencia del grado de parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente. (Art. 77.8).
Se consagra además que las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, y se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Se establece un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales. (Art. 78; 198).
Se determina normas que se constituyen en el paraguas para un futuro ordenamiento jurídico que realmente garantice los derechos ciudadanos, en la función judicial, y que éstos observen la perspectiva de género. Ese marco se hace visible cuando de seleccionar a jueces y juezas y operadores/as de justicia se trata, se habla por ejemplo, de que para el ingreso a la función, se observarán criterios de igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación y participación ciudadana; de que se propenderá a la paridad de género en todas las instancias del sector. (Art. 170; 176).
Por primera vez se constitucionaliza la obligación de que exista al menos una jueza o juez especializado en familia, niñez y adolescencia, en cada cantón, de acuerdo con las necesidades poblacionales (Art. 186).
En la justicia indígena se prevé la garantía de que participen y estén en la toma de decisiones las mujeres indígenas. (Art. 171).
19. Responsabilidades de los y las ciudadanas.- Se establecen 17 deberes y responsabilidades de ecuatorianos y ecuatorianas, sin perjuicio de otros que se deriven de la Constitución y la Ley. Entre ellas se determina que es una obligación promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales; y, respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual (Art. 83).
20. Propiedad.- Se reconocen otras formas de propiedad a las cuales acceden las mujeres fundamentalmente rurales, éstas son: pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa y mixta. Se determina expresamente que el Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a la propiedad. (Art. 321; 324).
21. Trabajo.- Se reconoce el derecho al trabajo, así como todas sus modalidades, las que incluye las labores de autosustento y cuidado humano, considerando a quienes lo realizan como actoras sociales productivas. Este es un reconocimiento del trabajo del hogar no remunerado generalmente realizado por mujeres. Las actividades de autosustento además se incluyen entre las que convierten a los y las jóvenes en sujetos activos de la producción. El Estado garantiza a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Señala que el Estado adoptará todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades y para prohibir y sancionar cualquier forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo (325; 329; 331).
Se determina el derecho de las mujeres a la remuneración igualitaria para lo cual rige el principio de: a trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. (Art. 326.4; 331).
Garantiza el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad. Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles reproductivos. (Art. 332).
Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. El Estado está obligado a promover un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares. (Art. 333).
22. Seguridad social para amas de casa.- La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, conforme a las condiciones generales del sistema y la ley. (Art. 333).
23. Acceso a los factores de producción. - El Estado deberá promover el acceso equitativo a los factores de producción, para lo cual debe desarrollar políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres productoras. Se establece la democratización del crédito. (Art. 334).
24. Derecho al habitat y vivienda digna.- Se establece la obligación del Estado de desarrollar planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar. (Art. 375.5).
25. Exigibilidad de los derechos.- En la Constitución se determinan varios mecanismos para exigir los derechos, uno de ellos es el Sistema nacional de inclusión y equidad social, que está constituido a su vez por el conjunto de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios, los cuales deben estar articulados al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de planificación participativa. Se establece que todo ese sistema se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación. Es el Estado el obligado a generar condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etárea, de salud o de discapacidad. (Arts. 340 y 341).
26. Lenguaje inclusivo.- A lo largo de la Constitución se usa lenguaje incluyente, con expresa invocación del femenino y masculino.
En adelante la normativa secundaria, la política pública, las instituciones y las acciones de gobierno deberán enmarcarse en los postulados que se han escrito en este artículo, so pena de ser nulos en caso de violentarse. El sistema garantista, instituido por la fórmula del Estado de Derechos y Justicia, debe constituirse en el aval de la plena vigencia de todas las determinaciones constitucionales a favor de la igualdad.

Los derechos de las mujeres en la Constitución de 2008

Rocío Rosero Garcés y Solanda Goyes Quelal
Quito, octubre de 2008

La Constitución del 2008 coloca a los seres humanos en el centro y en la razón de ser de las acciones del Estado y vincula el desarrollo de las personas al cuidado y sostenibilidad de la naturaleza; para ello, contempla la creación de un régimen de desarrollo en el que confluyen “el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio - culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay.” . De esta manera, todo el andamiaje legal e institucional está condicionado a la noción del buen vivir, lo cual reemplaza al principio liberal de la dignidad humana.
Establece por otra parte una visión sistémica de la institucionalidad garante y protectora de los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna, cuyas características básicas son la articulación del sistema económico con los sistemas político y social y el fortalecimiento de la rectoría de los ministerios sectoriales, lo cual implica por una parte, un rol fundamental del sistema nacional descentralizado de planificación participativa de las políticas públicas en los distintos niveles de gobierno y por otra, se establece como parte de las garantías constitucionales la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos en la Constitución.
Las políticas públicas se regularán de acuerdo con el principio de solidaridad, haciendo prevalecer el interés general sobre el particular, garantizando la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos con la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
A partir del Régimen del Buen Vivir, se crea el sistema nacional de inclusión y equidad social como el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios para asegurar el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.
Este sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de planificación participativa, el mismo que se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.
El sistema integra los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, la ciencia y la tecnología, la población, la seguridad humana y el transporte.
Una de las obligaciones del Estado, en su calidad de titular de deberes es la de generar las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de su vida, de manera que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación. El Estado priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etárea, de salud, o de discapacidad.
En ese marco, los derechos humanos de las mujeres alcanzan un importante desarrollo y contribuyen a la configuración de una nueva ética que se funda en las relaciones igualitarias de los sujetos y en la erradicación de la discriminación, conceptos que han sido ampliamente debatidos y aportados desde la teoría feminista y la experiencia de las mujeres en décadas de movilización y lucha por alcanzar la igualdad.
Por su extensión, el presente artículo no alcanza a desagregar cada uno de los derechos consagrados en la nueva Constitución y sus implicaciones en el nuevo orden vigente, pero sí hace una compilación de los avances más relevantes y pretende una explicación de tres instituciones que parecen sustanciales en el momento de cambio que vive el país: la laicidad, la igualdad material o sustancial y la paridad, en las que se incluyen sugerencias para su futuro desarrollo legislativo y de política pública.
Los derechos de las mujeres.- La Constitución de 2008 preserva todos los avances logrados en la Carta Magna de 1998 e incluye otros sustentados en nuevos principios y nuevos derechos que fueron integrados de manera transversal a lo largo del texto constitucional. Es un importante adelanto en relación a la Constitución del 98, por la seguridad que brinda al momento de la aplicación.

La Constitución de Montecristi, incluye el principio de equidad de género entre hombres y mujeres en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo, el empleo, la comunicación, la producción, la familia, la participación, entre otros, y garantiza el ejercicio de cada uno de esos derechos en igualdad. Los derechos sexuales y reproductivos, la valoración y distribución igualitaria del trabajo doméstico y las actividades de autosustento, el derecho a una vida libre de violencia que incluye la garantía de cada persona a la integridad física, psicológica y sexual, constituyen derechos en sí mismos pero también son preceptos a observarse al momento de ejercer otros. La Constitución de 2008, brinda protección especial y prioritaria a niños, niñas, adolescentes, mujeres adultas, mujeres embarazadas y en período de lactancia, adultas mayores y desplazadas, sobre todo cuando éstas sean víctimas de maltrato, violencia doméstica o sexual; y/o explotación sexual.
Se otorga el derecho a la seguridad social a quienes tienen a su cargo el trabajo no remunerado en el hogar, en su mayoría mujeres; y se determina la prioridad de dotar de vivienda a mujeres jefas de hogar.

La Constitución de 2008 establece un importante avance al reconocer los diversos tipos de familia y las uniones de hecho entre dos personas independientemente de su sexo. Promueve la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de las personas unidas en matrimonio o en unión de hecho; la corresponsabilidad del padre y la madre en el cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos; la igualdad de derechos en la toma de decisiones para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes.
Establece mecanismos explícitos para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres especialmente cuando son víctimas de violencia y cuando demandan alimentos para sus hijos e hijas. Determina la inhabilidad del deudor de alimentos para ser candidato de elección popular.
Protege la vida de las mujeres más que ninguna otra Constitución y le otorga protección y cuidado prioritario de su vida y salud a la mujer embarazada, durante el parto y postparto.
Los derechos sexuales y reproductivos.- Sin duda una importante contribución de la Constitución de Montecristi en materia de derechos sexuales y reproductivos es su separación, basada en la distinción entre identidad de género e identidad sexual. La asimilación entre la sexualidad y el género desde una visión sexista, heterosexual y homofóbica, constituye la base de la acción política de los fundamentalismos que hemos visto desplegar con grandes esfuerzos y recursos durante la última década, es una ideología anti-derechos que procura reducir la sexualidad a la salud y en el extremo al aborto; es una ideología que pretende una regresión histórica al medievo,
Al hacer esta separación en la Constitución, el Estado cuenta con un nuevo marco de referencia que permite diferenciar claramente las fuentes de desigualdad, y por tanto realiza importantes avances que tendrán repercusiones tanto en el ámbito legislativo como en el de políticas públicas anti-discriminatorias y de inclusión de mujeres, hombres y personas con diferentes orientaciones sexuales. Esta diferenciación que aparece clara en el artículo 11 numeral 2 de la Constitución marca una enorme diferencia en las vidas de las personas, entre el bienestar y el malestar, y a veces también entre la vida y la muerte.
Los derechos sexuales permiten trabajar tanto los temas de diversidades sexuales como otros establecidos en las convenciones internacionales de derechos humanos referidos a otras discriminaciones basadas en la orientación sexual: salud, educación, trabajo, ingresos, vivienda, Igualmente, es posible derivar politicas públicas que promuevan la autonomía de las mujeres como un elemento básico de la realización de sus derechos.
De otra parte, esta diferenciación entre derechos sexuales y derechos reproductivos en la Constitución, basada en un concepto amplio de la sexualidad , permitió introducir el artículo 44 sobre mujeres embarazadas, como grupo de atención prioritaria, en la medida en que posibilita avanzar en la eliminación de todas las múltiples formas de discriminación que tienen como fuente el embarazo y la maternidad,
Trabajo doméstico no remunerado y economía de los ciudados.- El reconocimiento del trabajo no-remunerado en el artículo 333, constituye otro avance sin precedentes puesto que contribuye a la visibilización de los aportes de las mujeres al trabajo, la economía y la producción del país, lo cual tiene dos consecuencias fundamentales en el proceso de cambio socio económico y cultural: primero, que la responsabilidad del cuidado pasa a ser compartida por otros titulares de obligaciones como el Estado a través de los servicios, y de la pareja, los hombres y las mujeres en la familia; y, dos que se establece, de manera progresiva, el derecho a la seguridad social para las personas que tienen a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar.
La aplicación de este artículo requiere no sólo de reformas legales en las leyes laborales y sus reglamentos, sino también en la reforma integral del sistema de seguridad social y como complemento necesario en la formulación de políticas conciliatorias entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, así como en la redistribución de las tareas y en la co-responsabilidad entre hombres y mujeres sobre el trabajo reproductivo.
Este conjunto de avances requieren de un cambio cultural basado en la nueva ética que nos propone la Constitución de Montecristi: la institucionalidad, la legislación, la cultura en función de la inclusión y la igualdad son, a partir de ahora la bitácora, el nuevo rumbo que tiene el desafío de asumir la sociedad ecuatoriana en su conjunto.
Estado Laico, Igualdad Material y Paridad, tres principios fundamentales para la protección de los derechos humanos de las mujeres.

El Estado Laico.- La Constitución incluye el carácter de laico en la definición de Estado Ecuatoriano y garantiza la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico , además de ratificar la laicidad de la educación pública, consagrada también en las Constituciones de 1906, 1929, 1945, 1946, 1967, 1978 y 1998.

La demanda de que el Estado sea declarado como tal, provino con gran fuerza de las organizaciones de mujeres que con preocupación han mirado en los últimos años, cómo los dogmas de las iglesias han incidido en algunas decisiones públicas para restringir especialmente, los derechos sexuales y reproductivos de los y las ciudadanas, evidenciando de ese modo la recuperación del poder clerical, que si bien fue sustancialmente minado por la Revolución Liberal, nunca fue erradicado y por el contrario, subyace principalmente en los ámbitos de la salud, la educación, y en los poderes legislativo y judicial.

La determinación constitucional del Estado como laico y la garantía de la ética laica, significa que toda decisión pública tiene un origen secular y por tanto, es ajena e imparcial frente a cualquier religión, no ataca ni favorece con sus actos, dogma religioso alguno, precisamente porque protege el derecho individual de cada ciudadano y ciudadana a su libertad de conciencia.

En ese marco, corresponde promover la autonomía tanto del Estado como de las entidades religiosas, para ello, por ejemplo hay que eliminar la práctica de proveer fondos públicos a establecimientos educativos privados religiosos que no actúan bajo la ética laica porque promueven un credo en particular; se debe abolir la Ley de libertad educativa de las familias, que introdujo una carga horaria de religión en centros educativos oficiales; eliminar de la normativa y de la práctica el nombramiento de representantes religiosos en instituciones públicas y su presencia en actos oficiales, entre otros aspectos que deben ser detenidamente revisados al momento de realizar el futuro desarrollo legislativo.

La laicidad del Estado es vital para restaurar el principio básico de separación de iglesias y Estado.

Principio de Igualdad material o sustancial y las medidas de acción positiva.- La consagración de la igualdad real o sustancial, es un avance que modifica la esencia y concepción del Estado, vence y supera los obstáculos y límites del principio de igualdad formal, propio del liberalismo.

La declaración de igualdad formal es necesaria por el principio de universalidad que instituye para los derechos. Sin embargo no ha sido suficiente para otorgar igualdad real a las mujeres, es decir, aún cuando el principio se encuentra declarado, en la práctica no permite que las mujeres accedan a los derechos, porque la norma ha sido diseñada desde una perspectiva masculina que desconoce las desigualdades fácticas y trata a las mujeres como varones. Su aplicación no contempla por ejemplo, la división sexual del trabajo que obliga a las mujeres a destinar gran parte de su tiempo a actividades domésticas y de cuidado que si bien constituyen un importante aporte económico, social y afectivo a la sociedad, limitan su desarrollo individual. Sus efectos de discriminación por resultado, con nitidez se evidencian en el ámbito laboral y en el de la participación política y pública, en los que la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue afectando a éstas últimas que no perciben los mismos ingresos que aquellos por un mismo cargo; y, en la persistencia de la subrepresentación en puestos de decisión. Esta forma de igualdad se la concibe como igualdad en el punto de partida.

La igualdad real o sustancial, se proyecta como igualdad en el resultado, para ello observa las diferencias y desigualdades fácticas, y adopta medidas para garantizar el acceso de todas y todos a los derechos. Un mecanismo previsto en la legislación internacional de derechos humanos para equiparar las desigualdades son las medidas de acción positiva ya definidas por varios instrumentos, siendo una de ellas la que dice: “La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará como consecuencia el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato” .

La Constitución de Montecristi estipula el principio de igualdad sustancial como rector de todo su contenido, no obstante, hace énfasis en algunos derechos de las mujeres; lo cual, desde nuestro punto de vista constituye un gran avance que permitirá la exigibilidad y justiciabilidad del conjunto de derechos garantizados.

Paridad entre hombres y mujeres.- La Constitución de 1998, consagró el principio de equidad de género en candidaturas electorales, en instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia, en organismos de control y en los partidos políticos , con muy poca aplicación práctica, debido a la falta de legislación secundaria pero principalmente a la falta de voluntad política de quienes ejercían el poder en ese momento. Esa experiencia sumada a la de la violación de la Ley de Cuotas en cuatro procesos electorales consecutivos , y al desarrollo teórico sobre la igualdad, condujo a demandar en el 2008, el reconocimiento transversal del derecho a la participación y la paridad en la representación, postergado por cerca de dos siglos, como mecanismo efectivo de garantizar el derecho de las mujeres a ser elegidas y designadas.
La Constitución de Montecristi, al referirse a la paridad, utiliza indistintamente los términos propender, promover y garantizar, que pueden generar confusión en la interpretación, pues los verbos propender y promover indican impulso pero no deber; en cambio, el verbo garantizar determina obligatoriedad. Sin embargo, de la lectura integral del articulado y sobre la base de los principios que la misma Constitución establece para la aplicación de los derechos, en particular el de igualdad material, antes analizado, el de interpretación y aplicación de los derechos en el sentido que más favorezca a su efectiva vigencia; la aplicación directa de los instrumentos internacionales de derechos humanos que en materia de participación determinan el deber de los Estados de garantizar la igualdad de hombres y mujeres en las instancias de decisión, se colige que ésta Constitución garantiza la paridad en la representación y son las leyes las que deben desarrollar y establecer los mecanismos para implementarla.
En materia electoral, la Constitución determina el principio de paridad entre mujeres y hombres en las listas de candidaturas y su ubicación alternada y secuencial, es decir, la conformación de las papeletas electorales con una mujer – un hombre, o viceversa, conocida como la fórmula “cremallera”. Esos principios son aplicables y rinden el efecto deseado, solo cuando se trata de distritos electorales grandes o medianos, por ello, en el diseño de la Ley de Elecciones, debe considerarse este particular para que el derecho sea efectivo, además de normas sobre el encabezamiento de listas, el voto en lista abierta o cerrada, voto preferente, entre otros aspectos, necesarios para garantizar la paridad. Complementan el sistema las normas que para partidos y movimientos políticos la Constitución determina, esto es la obligatoriedad que éstos tienen de constituirse bajo principios de inclusión y no discriminación, paridad de hombres y mujeres en sus directivas, elecciones primarias para la definición de candidaturas. Una vez más, en la Ley deben señalarse mecanismos precisos para garantizar los mandatos constitucionales sobre paridad en las organizaciones políticas.
Para la conformación del Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las comisiones seleccionadoras, la Corte Constitucional y otros puestos de nominación y designación, la Constitución establece el principio de paridad, pero la mayoría de ellos están sujetos a concursos públicos de méritos y oposición. Es necesario conciliar los dos principios a fin de que los concursos no se conviertan en un instrumento de exclusión de las mujeres. La experiencia demuestra que ellas compiten en condiciones de desventaja frente a los hombres, y no porque sean menos capaces, sino porque los concursos se diseñan desde una perspectiva masculina, sin considerar las desigualdades que para el acceso a la educación, a la experiencia laboral, a los puestos de dirección, existen entre hombres y mujeres. Las mujeres se integraron masivamente a la educación superior y a la función pública mucho después que los varones, por tanto no puede exigirse un acumulado de experiencia igual; su presencia en puestos de decisión sigue siendo subrepresentada, por tanto no puede valorarse la calidad del o la postulante sobre la base del tiempo o años que ha ostentado en ese tipo de cargos; el acceso a la educación, al empleo y a la política no eximió a las mujeres de las tareas domésticas y crianza de los hijos/as, ni se rediseñaron los tiempos y los horarios para la atención de unas y otras, generando una sobrecarga de trabajo en las mujeres que limita su desarrollo personal, cosa que no sucede con sus competidores varones. Estos aspectos deben ser considerados a la hora de realizar las leyes respectivas, a fin de que la paridad tenga aplicabilidad práctica, el mejor mecanismo encontrado hasta la fecha para ello, es que se realicen concursos de hombres y mujeres por cuerda separada y se escoja un 50% del cuerpo colegiado de que se trate a los varones mejor puntuados y el otro 50% de entre las mujeres que alcancen las mejores calificaciones, de esa manera se combina perfectamente el principio de paridad y calidad.
Lo expuesto demuestra que la Constitución 2008, acerca a los ecuatorianos y ecuatorianas a vivir en una sociedad igualitaria, pero su vigencia no será posible solamente con la Constitución, es necesario entenderla, interpretarla, difundirla, impulsarla, vigilar su cumplimiento, legislar acorde con sus mandatos, ejercer el derecho a la participación que otorga, generar jurisprudencia. Las mujeres tienen en ello una gran tarea por desarrollar.